Desde 1996 comienza la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, con el objetivo de formar profesionales en la comprensión de procesos sociales, políticos y económicos involucrados en la producción, transmisión y difusión de la ciencia, la tecnología e innovación; la intervención y organización de la gestión y dirección de estos procesos. Su actual director, Diego Lawler, es Doctor en Filosofía de la Universidad de Salamanca, España, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas —CONICET—. Lawler centra su trabajo en la filosofía de la tecnología, de la acción y de la mente, ha publicado artículos en la Enciclopedia iberoamericana de filosofía y es autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales.
En su vigésimo quinto aniversario, la Maestría recuperó algunas tesis de sus maestrandos y las publicó en un libro bajo el título de Retratos y problemáticas contemporáneas en el campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad, compilado por Leonardo Vaccarezza, Mariana Di Bello, Dolores Chiappe y María Eugenia Fazio. Los textos que el volumen reúne dan cuenta de los cambios que debió atravesar la Maestría, al redefinir el análisis de la relación entre el conocimiento, la producción científica y la sociedad, para desembarcar en el concepto de «tecnociencia».
Se entiende así, de manera sistemática, los procesos de innovación tecnológica y los planteos interaccionales e incrementales en la formulación y toma de decisiones en política científica y tecnológica. El término «tecnociencia» fue utilizado por el filósofo, sociólogo y antropólogo francés, Bruno Latour, en 1983, para abreviar la expresión «ciencia y tecnología», con el cual busca poner de relieve la necesaria vinculación entre un ámbito y otro (Ambrosini y Beraldi, 2015).
Editada por la Secretaría de Posgrado de la Universidad de Quilmes y disponible en el Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la misma casa de altos estudios (RIDAA-UNQ), y con una presentación a cargo de Viccarezza, Di Bello y Fazio, la obra contiene los aportes de nueve maestrandos, los cuales reseñaremos, de la forma más sucinta posible, a continuación.
I. En «La brecha digital y la segregación educativa en el nivel secundario durante la pandemia por COVID-19», Mariano Anderete Schwal busca respuestas sobre la profundización de la pobreza social en la relación de las condiciones socioeconómicas y desigualdades de acceso a la tecnología y a la información en la educación secundaria argentina durante la pandemia del COVID-19. Se realiza una investigación cualitativa, un estudio descriptivo, a partir de entrevistas semiestructuradas a directivos y docentes del nivel secundario de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, quiénes cuentan sus vivencias del año escolar 2020, en cuanto al uso de diferentes métodos tecnológicos en educación.
La investigación pone en evidencia que la educación a distancia manifiesta desigualdades de acceso a la tecnología y a la información para todos los actores sociales involucrados, en función de la clase social, género, tipo de escuela, zona de residencia, región y territorio.
II. Yamila Noely Cáceres, autora de «Política y tecnología. Los satélites de aplicaciones científicas (1985-2000)» identifica cómo una agencia espacial recién creada y una empresa pública dedicada a la actividad nuclear lideraron un proceso de diseño y fabricación local de tecnologías satelitales. Analiza la trayectoria socio técnica de la tecnología satelital de la Argentina en el período 1985-2000. Las primeras respuestas las encuentra en una selección de bibliografía documentada y entrevistas; demuestra que la construcción de soluciones tecnológicas no son el producto directamente proporcional de las trayectorias institucionales, sino que son reguladas por las políticas públicas.
Cáceres afirma que las políticas públicas que favorecieron el diseño y la fabricación local de satélites científicos, fueron más el reflejo del alineamiento de la política exterior argentina con la posición norteamericana sobre el discurso de no proliferación de armas de destrucción masiva, que una política de impulso industrial.
III. El rol de los científicos y no científicos en la incidencia de factores sociales durante la producción de conocimientos, su legitimación y extensión en la toma de decisiones, es el foco de interés en «El caso de la crotoxina en Argentina desde el esquema conceptual de los estudios sobre la experticia y la experiencia», donde Emilio Fonseca Matera procede al estudio de un caso de la capacidad curativa del cáncer de la crotoxina en el país austral durante 1980.
A través de fuentes primarias y secundarias, análisis de periódicos y programas televisivos de la época; la comparación de los diferentes tipos de experticias de los actores involucrados desde el problema de extensión Collins y Evans (2002) y su propuesta analítica denominada «Studies of Expertise and Experience» (SEE). Fonseca Matera entiende que la controversia extendida a la esfera pública entre distintos tipos de experticias es el eje central de las tensiones entre la ciencia y la democracia.
IV. En «Un satélite para Colombia: entre los vaivenes políticos y las fallas de mercado. El Conpes 3983», Héctor Javier Hernández Moreno evalúa la política satelital de Colombia desde la revisión bibliográfica del documento «Política de desarrollo espacial: condiciones habilitantes para el impulso de competitividad nacional, Conpes 3983». El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), es un órgano del Ejecutivo colombiano, asesor principal del gobierno en todos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país.
El autor centra su atención en la detección de las elecciones conceptuales que conforman el documento. Partiendo del análisis, problemáticas y estrategias, se ha puesto de relieve que dos conceptos económicos vinculados: barreras de entrada y fallas de mercado, son una guía central para la concepción de la primera política de desarrollo espacial colombiana explícitamente concebida. Tales conceptos son constituyentes de una selección particular, y pertenecen, dentro del plano económico, a una «forma de ver el mundo, modelo cognitivo» (Aristimuño y Aguiar, 2015, p. 47).
Este trabajo aporta evidencia sobre las selecciones conceptuales subyacentes y cómo dichas selecciones de «ese mundo de lo posible y lo deseable» (Aristimuño y Aguiar, 2015, p. 48), pueden ser abordadas como resultado de interacciones sociales, más que como puros productos técnicos.
Novedad del documento es la multiplicidad de actores gubernamentales responsables de las acciones formuladas; son la mayoría ministerios, incluido el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima entidad gubernamental responsable del desarrollo de estos temas en Colombia (Conpes, 2020, p. 4).
Por otra parte, estas tecnologías ya no se restringen al campo militar, los inversores y empresas privadas encuentran en la industria espacial un nicho cada vez más amplio y atractivo para el desarrollo de sus actividades, y el acceso a los beneficios del espacio ya no está restringido a un número exclusivo de países (Conpes, 2020, p. 8).
V. Claudio Alejandro López, autor de «La relación entre conocimiento y creación de riqueza en el discurso de la OCDE (1961-2019)», analiza cómo el materialismo cognitivo se ha corrido desde lo histórico al discurso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la relación entre conocimiento certificado y creación de riqueza.
No fue posible extraer datos que evidencien una primacía de los conocimientos de soporte subjetivo implícitos en cuanto a generación de riqueza. Sí, se presentan dudas sobre el impacto de la educación formal en el informe del año 2006, cuyo eje eran los vínculos entre educación, crecimiento económico y resultados sociales. Sigue sin poder probarse que la educación y los aumentos en las reservas de capital humano afecten al nivel del PIB o a su tasa de crecimiento (OCDE, 2006, p. 162). Los conocimientos de soporte subjetivo explícito plantean además una serie de dificultades en su medición, ya que incluyen sólo la educación formal y no tienen en cuenta las habilidades adquiridas durante la formación recibida en el lugar de trabajo y por otras vías, así como la pérdida de habilidades provocada por el desuso (OCDE, 2006, p. 161).
El núcleo del capital intelectual es el conocimiento, y el desarrollo y la transferencia de conocimientos es la misión principal de la educación superior. La proporción de la población que obtiene un título de maestría o doctorado se ha mantenido constante a lo largo de las generaciones. Estos títulos siguen teniendo una alta demanda y ofrecen atractivos rendimientos sobre la inversión inicial.
De ahí se desprende que el nivel educativo alcanzado sí importa para el crecimiento económico de los individuos, o al menos mejora las oportunidades de empleabilidad frente a aquellas personas con menor cantidad de años de escolarización formal en general; un caso particular es el sector informacional. Lo que no está claro es si la educación importa en el sentido en que los gobiernos al menos discursivamente lo transmiten bajo la forma del esquema analizado en el presente trabajo.
A medida que la demanda del mercado de competencias evoluciona más rápidamente de lo que algunas instituciones educativas pueden prever, muchas de estas instituciones están promoviendo vías flexibles hacia la educación terciaria y buscando asociaciones con otros actores, incluidos empleadores, industrias e instituciones de capacitación (OCDE, 2019, p. 9).
VI. En «Política nuclear y política energética en Argentina. El desarrollo del plan nucleoeléctrico de la CNEA (1964-1985)», Manuel Lugones explora la articulación entre la política del desarrollo nucleoeléctrica y la política energética desde 1964 a 1985. Así, el objetivo de la tesis es indagar cómo se articuló el programa de desarrollo e instalación de centrales nucleares de potencia impulsado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con las políticas dirigidas a la ampliación de las capacidades del sistema público de generación eléctrica.
Esto exige abordar un conjunto de aspectos relacionados: determinar qué lugar ocupó el problema energético en el desarrollo del sector nuclear e identificar cuál fue la importancia asignada a la opción nuclear en el diseño e implementación de las políticas energéticas nacionales.
El fin es mostrar cómo el plan nucleoeléctrico se estructuró en torno al objetivo central de colaborar con el logro de la autosuficiencia energética del país para atender una demanda creciente de energía eléctrica producto del proceso de industrialización. Esto implicó que la CNEA tuviera que articular la ejecución del plan nuclear con las políticas energéticas implementadas a los efectos de complementarse con ellas. La necesidad de complementación responde al hecho de que el sector nuclear argentino —a diferencia de lo que pasó en otros países como Francia o México—, se constituyó como un actor externo al sector energético, en el sentido de registrar una ausencia de mecanismos de interdependencia jerárquica, funcional y presupuestaria.
A medida que el programa nucleoeléctrico fue avanzando, se constituyó en un«enclave» dentro del sector energético a partir de un progresivo aislamiento de la CNEA respecto de las áreas de toma de decisión en dicho sector. Este proceso fue garantizado por los intereses de ciertos sectores militares en términos de posicionamiento geoestratégico, y por la nueva cúpula empresarial, para asegurarse la transferencia de recursos públicos a través de los contratos obtenidos como proveedores del programa nuclear.
La modificación del contexto energético y la menor capacidad financiera de la CNEA —que debilitó su articulación con los intereses de la cúpula empresarial—, operaron como factores que determinaron la desarticulación entre la política nuclear y la energética, facilitando la cancelación del programa nucleoeléctrico a principios de la década de 1990. Por último, si bien la política de creación de una industria nuclear permitió desarrollar nuevas capacidades industriales y la internacionalización de empresas proveedoras de servicios de ingeniería (Schvarzer, 1996), al mismo tiempo contribuyó a la consolidación de ciertos actores económicos que conformaron la denominada «patria contratista». En este sentido, el esfuerzo por conformar una industria nuclear encontró sus límites en el propio proceso de quiebre del modelo de industrialización y el pasaje a un régimen de valorización financiera.
VII. El esquema de aplicación de las vacunas Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 en el Reino Unido es analizado por Yamila Schmies, luego del debate científico en el ámbito público.
La Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad COVID-19 como una pandemia (OPS, 2020, 13 de marzo). Para detener al virus los científicos se abocaron a la generación de vacunas. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud comunicó el retraso de la segunda dosis de las vacunas con las que contaban (Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNTech) para priorizar la aplicación de la primera dosis, ante la situación extrema de contagios en la que se encontraba (2020, 30 de diciembre). En lugar de aplicar la segunda dosis a los 21 días de la primera, como se había establecido, se extendería el plazo hasta tres meses (Public Health England, 2020, 30 de diciembre).
La autora se propone analizar el caso como una controversia científica que se desenvuelve en el ámbito de lo público. Una controversia que se caracteriza por ser del tipo mixto, ya que involucra a la ciencia y también a los principios morales presentes en una comunidad. Los desacuerdos en el ámbito de la ética o la moral dificultaban arribar a un consenso.
Del mismo modo, el contexto particular de una pandemia llevó a los actores involucrados en esta controversia a priorizar ciertos abordajes por sobre otros, como el colapso del sistema de salud y las expectativas e ilusiones que trae a la sociedad la llegada de una vacuna. Como otro aspecto a destacar, está la presencia de un producto científico, los estudios realizados en la fase tres de las vacunas de Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNTech, utilizado de manera diferente.
Si bien la clausura de una controversia no puede ser total, es posible seguir el avance de esta a partir de las decisiones tomadas por distintos países, además del Reino Unido. Como propuesta para trabajos futuros, el artículo sugiere incorporar la información que se genere desde los diversos estudios llevados adelante para llegar a una conclusión acerca de la posibilidad de modificar esquemas de vacunación.
VIII. Fernanda Soca escribe «Alcances y limitaciones en la asociatividad público-privada en las TIC». En Argentina, los Fondos Sectoriales (FS) fueron una nueva generación de políticas orientadas a fortalecer las relaciones entre el sector científico y el productivo. El objetivo de este trabajo es analizar la forma que adoptó la definición de las prioridades para la convocatoria a FS en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como realizar un balance de una experiencia asociativa público-privada surgida a raíz de la misma en el área de microelectrónica a mediados del 2000.
Se aborda el caso del Consorcio Asociativo Público Privado (CAPP) Tecnópolis del Sur, compuesto originalmente por la Universidad Nacional del Sur (UNS), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuatro empresas pequeñas y medianas (pymes), la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) y el Ente Zona Franca de Bahía Blanca-Coronel Rosales. El grupo asociativo se propone entre sus objetivos la conformación de un Parque Científico Tecnológico (PCT), especialmente para el desarrollo de proyectos en microelectrónica.
La investigación se inscribe dentro de la tradición cualitativa de la investigación social, caracterizada por el interés en el significado, la interpretación y el énfasis en la importancia del contexto y los procesos. Los datos fueron recabados mediante entrevistas en profundidad a miembros del sector científico, productivo y de la política pública en ciencia y tecnología, y el análisis documental, específicamente de informes y documentos elaborados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt).
El seguimiento de la trayectoria del grupo académico, deja entrever que los investigadores llegan a la convocatoria a FS habiendo propiciado la conformación de un conjunto de redes en el ámbito local e internacional, a través de las cuales fue posible la difusión, intercambio y producción de conocimiento en microelectrónica, lo cual, a su vez, les permite posicionarse como un grupo de relevancia y referencia en este campo. Permite reconocer, asimismo, que ganan experiencia en la gestión de proyectos tanto de tipo estrictamente académico como de aquellos en los que se requieren habilidades asociativas y de interacción con actores no académicos. Finalmente, se involucran en la conformación de una empresa de base tecnológica. Estas aptitudes parecen haber sido reconocidas por ciertas autoridades del Mincyt, que los identifican como un equipo con las capacidades necesarias para llevar adelante un proyecto de FS.
No se logró conformar el PCT como estaba previsto originalmente, aunque sí tuvieron lugar una serie de procesos de producción, circulación y uso del conocimiento orientados a mejorar la competitividad de las empresas. De allí que, mientras que la reunión de instituciones de ciencia y tecnología y empresas en un PCT no necesariamente deriva en actividades de intercambio de conocimiento, las mismas se pueden dar aún entre actores geográficamente distantes. Así, la mitad de las compañías que entablaron una cooperación con los investigadores durante el período 2011-2015 no se encontraban ubicadas en Bahía Blanca. En el contexto de uso generalizado de las TIC, parece relativizarse la importancia de la cercanía física y de la copresencia que subyace al modelo de PCT.
IX. En «Saberes y sentidos en disputa. La controversia sobre el glifosato en Argentina», María Jimena Vera investiga la controversia científica y pública de los transgénicos analizando el caso del glifosato, su historial y regulación Controversia que se ha mantenido vigente y renovado con cada decisión de los organismos regulatorios y con cada litigio mediático en Estados Unidos y Europa.
Durante el 2009, el científico Andrés Carrasco denunciaba a la prensa los efectos nocivos del glifosato a la salud humana y al ambiente. Información obtenida después de la inoculación del glifosato de manera directa en los embriones de anfibios y en dosis inferiores utilizadas en el campo, arrojaron malformaciones en el desarrollo embrionario. Según sus palabras: «Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica» (Aranda, 2009, 13 de abril).
Las críticas negativas que recibió sobre los resultados de la investigación, fueron en cuanto a la metodología adoptada en el laboratorio; y la positiva fue que logró dar respuesta a la demanda de la comunidad afectada por el uso del herbicida.
Diversos estudios han demostrado que, una vez aplicado, el glifosato es fuertemente absorbido por componentes del suelo tales como arcillas, óxidos de hierro y ácidos húmicos. Además, sufre una importante degradación, sobre todo de tipo biológico, siendo su metabolito mayoritario el ácido aminometilfosfónico (AMPA). De acuerdo con estos datos, no sería previsible su presencia en altas concentraciones en las aguas subterráneas y/o superficiales (Camino y Aparicio, 2010, p. 10).
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) concluyó que había una evidencia limitada en relación con el glifosato y el cáncer en las personas expuestas de manera directa, como es el caso de los agricultores; mientras que había fuerte evidencia de que producían tumores en animales de laboratorio.
Las publicaciones iniciales eran realizadas en su mayoría por científicos de Monsanto y respondían a evaluaciones vinculadas con su efectividad, interacciones con el ambiente, etc. (Sosa y otros, 2019).
La conclusión general que Vera nos deja en su escrito, consideramos que vale reponerla in toto:
las controversias son momentos epistémicos de gran interés, en los cuales los conflictos distan de ser puros y entre actores de un mismo nivel académico. Constituyen oportunidades fructíferas para develar normas, sistemas de valores e intereses (Valverdú, 2005, p. 49). Es por ello que el estudio sobre el glifosato configura un vasto campo de controversias en donde indagar las múltiples interacciones de la ciencia, el Estado, la industria y la sociedad. (Vera, M.: 2022. P. 115)
Comentario final
Los autores incluidos presentan problemas y debates del ámbito de los estudios en ciencias, tecnología y sociedad, donde los campos temáticos y los estilos de su producción son diversos. Sus desarrollos se encuentran alineados con la investigación de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, particularmente con relación a lo estudiado por el epistemólogo español Javier Echeverría, para quien el gran reto de la epistemología contemporánea es el de ayudar a teorizar sobre la acción de los científicos y tecnólogos en la medida en que los procesos de cambio científico-tecnológico contribuyen a los cambios económicos y sociales. Aquí se abre la posibilidad de un aporte interdisciplinario donde filósofos, científicos y políticos, puedan contribuir unos a otros en el análisis de los complejos problemas que aquejan a nuestras sociedades.
* Maestranda de la Maestría y Especialización en Metodología de la Investigación Científica, Departamento de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina.
Referencias bibliográficas
– Ambrosini, C. y Beraldi, G. (2015). Pensar la ciencia hoy: La epistemología entre teorías, modelos y valores. Editorial Educando. Buenos Aires, Argentina.
– Aranda, D. (2009). El tóxico de los campos. Página 12.
– Aristimuño, F. y Aguiar, D. (2015). Construcción de las políticas de ciencias y tecnologías en Argentina desde 1989 a 1999: Un análisis de la concepción de las políticas estatales. Redes, 40, 41-80.
– Camino, M. y Aparicio, V. (2010). Aspectos ambientales del uso del glifosato. Balcarce: INTA.
– Collins, H. & Evans, R. (2002). The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience. Social Studies of Science, 235-296.
– Echeverría, J. (1999). Introducción a la metodología de la ciencia. La filosofía de la ciencia en el siglo XX. Madrid, España.
– OCDE (2006). Los rendimientos de la educación: relación entre la educación, el crecimiento económico y resultados sociales. En Panorama de la Educación 2006: Indicadores de la OCDE. España: Santillana Educación S. L.
– OCDE (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
– Schvarzer, J. (1996). La industria que supimos conseguir. Una historia política-social de la industria argentina. Buenos Aires: Planeta.
– Sosa, B. y otros. (2019). Analysis of scientific production on glyphosate: An example of politicization of science. Sci Total Environ, 681,541-550.
– Valverdú, J. (2005). ¿Cómo finalizan las controversias? Un nuevo modelo de análisis: la controvertida historia de la sacarina. Revista CTS, 19-50.
