La flecha imantada de la brújula para abordar problemas urgentes
Este artículo es parte de algunos argumentos sobre racismo y política migratoria que integran la tesis doctoral del autor. En ella subraya la política migratoria Argentina a través de las tres leyes migratorias (Novik, 2008), primero con una digresión histórica, para luego cerrar con la ley del 2003 como paradigma de una política no-racista en los términos del Lic. Pita quien caracteriza las políticas públicas bajo tres parámetros:
Pueden ser abiertamente racistas,
pueden no ser racistas,
o pueden ser antirracistas, pero “En un contexto de racismo estructural, no existe la neutralidad, una política no-racista es una política que asume el statu quo de desigualdad racial” (Entrevista propia, realizada en Julio del 2023).
Hay otros dos conceptos que completan este argumento, el racismo institucional y el racismo estructural (Carmichael, Hamilton, 1967). Ambas definiciones permiten observar el racismo, no como prejuicios o acciones del fuero íntimo, sino como fenómeno estructurante de las relaciones sociales[1]. Según entienden Carmichael y Hamilton, las expresiones institucionales del racismo pueden no ser abiertas, es decir, no necesariamente es una legislación segregacionista, o una activa persecución por parte de funcionarios públicos, sino que se manifiesta en ocasiones de forma vedada[2]. De todas maneras, ambas resultan en prácticas institucionales que reproducen desventajas estructurales entre las personas racializadas y las blancas.
En Argentina las expresiones institucionales del racismo son la invisibilización, la negación, y la extranjerización, lo que Pita (2021) llama “racismo criollo” (p.22). La invisibilización es el fenómeno de minorización de la mayoría racializada[3]. Por su parte la negación se presenta como el resultado de este arduo proceso de invisibilidad y su expresión más cabal es la negación de la existencia de afroargentinos (Andrews, 1989). La tercera forma del racismo criollo, la extranjerización, es el resultado de este discurso institucional a lo largo de más de un siglo, donde todo aquello que no cuadra con los cánones de la argentinidad blanca es extranjero[4] (Pérez Rabasa, 2019). Así se sostiene el mito fundacional de la mayoría blanca [desaparición-minorización de personas racializadas, y colonización del desierto por blancos].
En este sentido, tanto la proclama del preámbulo como el artículo 25 de la Constitucional Nacional, la Comisión Central de Inmigración del año 1869, y la primera ley de migraciones del año 1876, son parte del conjunto[5] de cambios normativos-institucionales, tendientes a consolidar una política demográfica racista, que, a su vez funcionó como propaganda del mito fundacional del Estado. Estas políticas públicas fueron herramientas concebidas bajo una filosofía eugenésica (Seijas, 2017) de supuesta superioridad racial y todavía tienen implicancias en la subjetividad de nuestra conciencia nacional[6].
Las dos primeras leyes migratorias
Nicolás Avellaneda, quien fue presidente desde 1874 a 1880, promovió la ley de regulación migratoria, n°817, que buscaba consolidar los parámetros de ingreso de los migrantes europeos que la Constitución llamaba en el artículo 25, y la Comisión de Inmigración promocionaba. Además, Avellaneda fue el máximo responsable de lo que conocemos hoy como “Conquista del desierto”, que comandó Alsina primero y Roca después. El desierto como significante fue probablemente tan exitoso como la propia campaña de exterminio de población indígena. Lo que quiero señalar con el éxito del concepto, es que la premisa del desierto [negación de la población afrodescendiente y minorización de los indígenas], funcionó como propaganda racista al mismo tiempo que generaba la condición de posibilidad en el imaginario, para llenar el vacío con personas blancas que se pudieran atraer.
En la concepción de los teóricos de la época como Sarmiento y Alberdi, no había posibilidad de una nación grande con indígenas y afrodescendientes:
“Las élites latinoamericanas trataron de manejar esa situación con la adaptación de las teorías occidentales de la diferencia humana y la herencia. El determinismo racial de las teorías europeas se evitaba con frecuencia, y se ponía énfasis, en cambio, en la posibilidad de mejorar a la población mediante programas de higiene social, para la salud y las condiciones de vida” (Wade, 2000, p.42).
Con el activo silencio estadístico de las variables étnico-raciales de finales de siglo XIX y comienzos del XX, se esperaba desestimar la característica de la población criolla, y completar ello con una propaganda racista en las instituciones del Estado. Toda esta ingeniería social de invisibilización simbólica (Cirio, 2003), historiográfica (Del Río Ortiz, 2009), educativa (Ocoró Loango, 2015), y estadística (Lyman, 1979), para establecer un mito fundacional. Así se fue conformando un relato sobre la nación, que queda plasmado en el primer centenario de la patria (Geler y Ghidoli, 2019).
Así como la primera legislación instrumenta la política racista de incorporación de personas blancas, basándose en ideas eugenésicas de prevalencia de la raza por su supuesta superioridad (Wade, 2000); la segunda legislación, conocida como Ley Videla, aparece en el momento donde la población migrante regional[7], mayoritariamente racializada, supera en porcentaje a la migración blanca. Justo ahí se decide cambiar la normativa y hacerla restrictiva. Es decir, desde el punto de vista porcentual, los migrantes limítrofes siempre se incorporaron a la Argentina de forma regular a lo largo de la historia, pero en algún momento, el porcentaje de migrantes europeos bajó tanto que la composición de la migración nacional volvió a ser la misma que antes de las leyes de promoción de personas blancas[8].
Por supuesto, se debe leer el cambio normativo en un clima regional de cambios en esta materia. La mayoría de estas leyes restrictivas de derechos de los migrantes, promulgadas en la década de 1980, fueron impulsadas por gobiernos dictatoriales como el caso argentino, y la perspectiva en la formulación fue la doctrina de la seguridad nacional (Ceriani Cernadas, 2004). Lo que quiero señalar, es que se puede hacer una lectura racial del fenómeno que explica en todo caso el notable auge racista contra los migrantes en los años posteriores. Muchas veces funcionarios de alto nivel de gobierno que se jactaban de ser hijos de migrantes, eran los más férreos defensores de estos argumentos (Penchaszadeh y García, 2018). En este sentido, el concepto de xenofobia se diluye, porque no es un odio dirigido a quien nació fuera de la frontera, sino un odio racial. Lo que se juega en el fondo es el mito de la mayoría blanca. Esto se ve claro cuando el racismo toma forma de extranjerización, es decir, se asocia a las personas racializadas con ciertos extranjeros, o incluso provincias enteras con los países geográficamente cercanos. Básicamente si no es una persona blanca no es habilitado como argentino.
En el momento de mayor auge de esta política de promoción de población blanca, que podemos ver reflejado en el censo de 1914, la migración total estuvo por debajo del 30%, y la tendencia decreciente es evidente desde la década del 40. Con esto no quiero negar la influencia migratoria blanca en nuestro país, lo que señalo es que se incorporan a una sociedad, no colonizan un desierto. Y esa sociedad los incorporó, no fueron el sustituto de razas inferiores. En todo caso, la reproducción institucional del mito racista fue incorporado por esa migración. Arturo Jauretche (1967) se refiere a la consolidación de este pensamiento en la primera generación de argentinos hijos de migrantes blancos a comienzos del siglo XX:
“Y así Sarmiento es reverenciado por los descendientes de irlandeses y alemanes del Volga, por los descendientes de judíos y árabes, de italianos y españoles, todos conformes en el racismo de Sarmiento. Porque, de todos modos, ellos están un escalón más alto que los criollos: y les basta, aunque de arriba… como en el gallinero. Para esa gente la cuestión es ser más que alguien; no importa ser menos” (Jauretche, 1967, p. 167).
Lo interesante del planteo de Jauretche, es que no se trata de una actitud individual o de ciertas comunidades de migrantes blancos, sino de una política demográfica que perpetua una desigualdad de origen con la población local racializada. Toda esta política demográfica racista permitirá a los migrantes blancos en pocos años conformar una clase intermedia de la sociedad desde el punto de vista económico, pero también de jerarquía, construyendo así, poco a poco un “ethos” propio (Adamovsky, 2012). A las aspiraciones de progreso económico, se le sumaba la compleja trama discursiva, donde se distanciaban de una clase popular notoriamente racializada, negada e invizibilizada. La posibilidad de que la siguiente generación de esta clase intermedia fuese más próspera era una realidad muy diferente a la situación de las clases populares:
“Del otro lado, el obrero criollo, menospreciado, tildado de incapaz, se ve como un paria en su tierra, trabajando más, haciendo trabajos en los que es irreemplazable, y percibiendo un salario como para no morirse, y sufre que en un mismo trabajo se le dé un jornal inferior, porque es criollo, a pesar de su superior inteligencia, de su sobriedad y su adaptación al medio, que le permite desarrollar energías extraordinarias y demostrar resistencias increíbles” (Bialet Massé, 1904, p.4)
Quisiera completar este dato del “Informe sobre el Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República” de Bialet Massé (1904), un documento hecho bajo la órbita del Ministro del Interior que comandaba Joaquín V. González, en la gestión presidencial del General Roca. En el informe, Bialet Massé caracteriza a la población trabajadora que denomina obrero criollo, en el momento de mayor auge de la política de atracción de migrantes blancos:
“El obrero criollo es en su inmensa mayoría, casi podría decirse en su totalidad, moreno obscuro, de frente elevada y ojos muy vivos, negros; la boca grande y la barba aguda, cuello seco, más bien largo, ancho de hombros y de talla esbelta; su estatura, de mediana arriba, tiene ejemplares muy altos, las articulaciones voluminosas y temperamento nervioso” (Bialet Massé, 1904, p.12-13).
Para finalizar esta digresión histórica señalo un contraste de dos discursos racistas sobre las poblaciones y los migrantes. Por un lado, las elucubraciones que se conocen como “gran remplazo” (Stefanoni, 2019, p.96) señalan que, las tendencias crecientes de migración racializada, en Europa y EEUU, desde la década del noventa culminarán en una desaparición de la población blanca local en algunos pocos años. La respuesta frente a esta caracterización sería la promoción de normativa segregacionista. Por otro lado, las teorías del remplazo que profesaban las élites locales suponían lo contrario, esperaban que la supuesta superioridad racial blanca se imponga, haciendo diluir hasta desaparecer a la población racializada (Wade, 2000). Para dar cuenta de lo señalado de forma visual, presento por un lado los diez censos nacionales hasta el año 2010[9], allí está la población migrante a lo largo de nuestra historia, desagregada por origen. También se puede ver la sostenida incorporación de migrantes regionales[10]. Debajo presento el desagregado por origen y el cruce con las tres leyes migratorias, insisto, no para explicar el cambio normativo desde el enfoque racial, sino para sumar una razón necesaria para entender el fenómeno migrante en nuestro país. En la vista general del cuadro ya pareciera quedar desacreditada la idea del desierto.
La ley 25.871, una normativa no-racista
La normativa migratoria del 2003 puede ser un paradigma de este patrón de invisibilización y negación, porque en definitiva los resultados de la nueva ley fueron muy buenos en términos cuantitativos, por nivel de regularización sobre el total de población migrante regional, que era para entonces la mayoría (Ceriani Cernadas y Fava, 2009). Pero no contempló la agenda afrodescendiente en particular, ni la agenda del racismo en general, lo que trajo problemas en términos de Derechos Económicos Sociales y Culturales para los migrantes en la siguiente década. A la par, nunca se puso en cuestión el adoctrinamiento, a través de las instituciones del Estado, del mito fundacional que supone una mayoría blanca (Bazán, 2021), habilitando la reproducción del mismo.
La reproducción institucional del racismo siguió vigente y no se combatió como política de Estado. Existen muy buenos trabajos de investigación que dan cuenta de este fenómeno en distintos ámbitos sociales y desde distintas comunidades migrantes regionales en la primera década post-ley[1]. Respecto de prácticas institucionales racistas en la justicia desde una perspectiva de género (Jaramillo, 2017), respecto de prácticas racistas en el mundo del trabajo (Goldberg, 2016), en el acceso a la vivienda (Ossona, 2010), en la educación y las infancias (Novaro, 2012), y un largo etc. Además de los trabajos académicos que dan cuenta del fenómeno, las propias organizaciones que habían acompañado la nueva normativa (Correa, 2004), para final de la década ya sostenían críticas sobre las prácticas institucionales excluyentes. Un caso notable en este sentido es el del Primer Encuentro de la Red de Líderes Migrantes en Argentina (Muñoz Villagrán y Pimentel, 2014), una mesa de diálogo entre referentes de distintas comunidades. Otro caso destacable es el del propio director de la Especialización en Migración de la UNLa, Ceriani Cernadas (2012) quien expresó su preocupación por ciertas prácticas institucionales excluyentes pasada la primera década.
Es que la ley, era un hito en materia migratoria, porque veníamos de una legislación restrictiva que ni siquiera era efectiva para la función que decía cumplir. Y ciertos artículos de la nueva norma, como el 7° u el 8° pretendían consagrar los derechos a la salud y la educación, por ejemplo. Sin embargo, al ser una normativa no-racista, no contempló la necesidad de programas de acción positiva del Estado frente a contextos marcados por un fenómeno que existe, pero que no podemos ni mencionar, ni señalar, ni investigar, ni denunciar. Un tabú nacional, que podemos padecer, pero no enunciar, porque si el mito que nos da conciencia nacional dice que la mayoría es blanca, y los negros desaparecieron, no existe racismo posible. Otro aspecto notable de esta política no-racista fue el impacto sobre tres migraciones que tuvieron su flujo de ingreso principalmente en la última década del 90 y la primera del nuevo siglo, dos casi mayoritariamente afrodescendientes, la comunidad haitiana y la dominicana, y la otra la migración africana, mayoritariamente subsahariana. La situación de irregularidad de la comunidad senegalesa y dominicana tuvo que ser enmendada en 2013 con una amnistía (Pérez Rabasa, 2019), y no son pocos los estudios que dan cuenta de la situación de vulneración de derechos de estas tres comunidades por expresiones institucionales de racismo (Zubrzycki, 2013; Carril et al, 2016). El enfoque racial nos permite observar un aspecto del fenómeno migratorio que suele estar vedado al estudio en las academias locales. La posibilidad de pensar desde este lugar nos acerca al desarrollo de los problemas actuales en torno a la migración. La crítica sobre las normativas no-racistas, puede ser un punto de partida para pensar soluciones políticas a fenómenos que no dejarán de estar ahí por no mencionarlos, por el contrario, el silencio es el principal aliado del racismo criollo.
*Jeremías Pérez Rabasa es Lic. en Trabajo Social y Magíster en Derechos Humanos UNLa, también está finalizando el doctorado en Derechos Humanos en el marco de una beca UNLa-CONICET.
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[1]Aunque las prácticas que se describan no se conceptualicen como racismo, por lo que Maffia (2008) denomina procesos de “invisibilización académica” (p. 380). Menciono investigaciones que dan cuenta de procesos ad hoc de las normas que son excluyentes para personas racializadas. El caso de Jaramillo por ejemplo es muy interesante a la luz de una perspectiva interseccional en los términos del feminismo negro.
[2]Considerando que el Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) monitorea, recomienda y sanciona a los Estados y no a los individuos, estas definiciones teóricas resultan útiles para realizar evaluaciones de avances o retrocesos tanto de normativa como de política pública.
[2]A veces se expresa en prácticas que pueden ser legales pero que funcionan como excluyentes de ciertos grupos particulares, un ejemplo de esto puede ser un trato poco cordial de un funcionario que no explica o lo hace de mala manera, la utilización de vocabulario técnico, el pedido de un formulario complejo, etc.
[3]Existen muy buenos trabajos académicos sobre las políticas de invisibilización en el caso de la cultura indígena (Hecht, 2019), y afrodescendiente (Cirio, 2015). Además, algunos trabajos que abordan temas específicos de este fenómeno en el periodismo (Geler, 2007), en la política (Andrews, 1989), en la literatura (Cirio 2012), entre otras expresiones.
[4]Si es indígena será de Bolivia, si es afrodescendiente de Brasil, etc.
[5]En este caso menciono solo lo referido a la política migratoria, pero, las políticas demográficas racistas de la época abarcan otros aspectos como los registros estadísticos, las campañas militares, etc.
[6]Estas ideas no son exclusivas de Argentina (Sagrera, 1998). Existen estudios comparativos que da cuenta de estas ideas racistas sobre las distintas poblaciones en América y los diversos nombres que adquirió este proceso de blanqueamiento de un continente mayormente racializado, basados en ideas eugenésicas de superioridad racial.
[7]Por una cuestión de comportamiento migratorio, dentro de este conjunto denominado “regional” estarían contenidos los países limítrofes más Perú (Ceriani Cernadas, 2004).
[8]Esto para nada contradice las investigaciones que refieren a las enmiendas normativas a la Ley Avellaneda para deportar migrantes blancos indeseables a comienzos del siglo XX (Domenech, 2015). En todo caso, tal como ironizó Jauretche (1967), sobre los europeos no anglosajones: “Ya que no se pudo hacer el país con las razas superiores, había que anglicanizar en lo posible a las inferiores” (p. 169).
[9]Marco solo hasta el 2010 porque no contamos todavía con los datos del último censo, pero la tendencia pareciera ser la misma.
[10]Lo que si cambia en este caso es el origen de los migrantes, por ejemplo, en el censo de 1914 la comunidad migrante más grande entre los regionales era la brasilera y en el censo del 2010 la paraguaya.
[11]Aunque las prácticas que se describan no se conceptualicen como racismo, por lo que Maffia (2008) denomina procesos de “invisibilización académica” (p. 380). Menciono investigaciones que dan cuenta de procesos ad hoc de las normas que son excluyentes para personas racializadas. El caso de Jaramillo por ejemplo es muy interesante a la luz de una perspectiva interseccional en los términos del feminismo negro.
