Septiembre de 2023
En un reportaje periodístico respecto a temas de su área de incumbencia, en 2008, el entonces Ministro de Educación Daniel Filmus decía: “….esta es la primera generación de argentinos en donde los hijos tendrán peores condiciones de vida que sus padres”. Como sociólogo que es, seguramente el ex ministro quería significar que en el país se deconstruía un sentido y una modalidad de constitución de la sociedad que se había desarrollado sostenidamente desde fines del siglo XIX. Una dinámica social, en sentido cotidiano, claramente sostenida en esos dos conceptos liminares que construyó la sociología latinoamericana en el escenario optimista de la modernización industrial de los ´50 y ´60: inclusión social y movilidad social ascendente.
Este paradigma societal optimista fue el vector histórico del desenvolvimiento social en dos países de la región desde ese momento: Argentina y Uruguay. Nunca tan gráfico ese espíritu en el título de un clásico sainete de 1903, clásico porque perduró en el tiempo: “Mi hijo el Dotor” de Florencio Sánchez. Evidentemente en esa titulación de la obra reverbera el pensamiento de una madre, seguramente inmigrante y casi iletrada, que concebía que su hijo, obviamente en ese hogar pobre, podía ser Doctor. Si llegara a serlo o no es indiferente al sentido de la obra. Lo importante era que su madre, a pesar de sus orígenes y condiciones sociales de vida, lo pensaba como posible.
Ese fue el imaginario social constituido y materializado en el ciclo histórico con marchas y contramarchas en nuestro país: cada generación iba a tener mejores expectativas y condiciones materiales de vida que la generación inmediatamente antecedente. Lo que significaba Filmus en esa frase, de manera contundente y realista, es que esa dinámica societal se había detenido y se había hecho regresiva, en la Argentina que nacía en el siglo XXI. Cabe señalar que, si aceptamos ese enunciado como una figura rápida del devenir social en la Argentina y dado que fue dicho en 2007/2008, es necesario tener en cuenta, que habría que agregarle ya otra generación: una segunda, la que para gran parte de sus componentes, las posibles condiciones de vida futuras sean peores que la de sus antecesores, que ya de por sí eran malas.
La política social, su análisis y estudio, acuñó hace más de una década un concepto fulminante para describir la cuestión social: la reproducción de la pobreza. Quiere decir que la matriz societal y económica que se impone en la vida cotidiana y social, por supuesto no solo en nuestro país, genera un crecimiento de la pobreza y la precarización de la vida y por sus condiciones económicas, tecnológicas, educativas y políticas reproduce pobreza y precarización. Las familias y sectores sociales empobrecidos por el actual ciclo de acumulación social (funcionamiento de la economía y distribución de sus resultados) perdieron y pierden progresivamente el acceso a bienes públicos y privados, es decir, las posibilidades para que sus hijos eviten su misma situación.
Una modalidad de pobreza y precarización que se reproduce en sí misma dado las multivariables que la componen[1]. Es imposible en términos estructurales y amplios revertir esa situación social sin acceso real a la economía formal, al sistema educativo, a infraestructura de vida, al territorio, a la salud, a la justicia. Es decir, condiciones de acceso a la plena ciudadanía[2].
En nuestro país esta situación material de la vida se amplifica en su negatividad en la conciencia histórica de haber sido una nación que proveyó de bienestar a su población en términos de derechos. Quizás por eso, en esta contemporaneidad, hace años que la Argentina viene discutiendo su presente para encontrarle alternativas al futuro, pero pensándose en el pasado. Un pasado irrepetible.
Porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza según grupo etario. Primer semestre de 2021
Población por grupos de edad según condición de pobreza
Fuente: Encuesta permanente de hogares (INDEC)
Déficit de derechos
La política de la nueva cuestión social. Programas de transferencias condicionadas
De la misma manera que se reconfiguró estructuralmente la problemática social del empleo, la pobreza y la desigualdad de ingresos, se modificaron los diseños de las políticas sociales para paliar dichas situaciones. Ya desde principios del nuevo siglo desaparecía el paradigma de políticas sociales universales, es decir, por derechos de ciudadanía, y se diseñaban las políticas sociales de transferencias condicionadas. Un marco de políticas sociales de asistencias varias, aunque básicamente monetarias, a cambio de trabajos públicos por parte de los beneficiarios, o de asistencia escolar y de salud para las infancias de quienes recibían las transferencias.
Este diseño se implementó por el vertiginoso crecimiento de la regresividad social desde principios de siglo, regresividad que comenzó con la desestructuración de los mercados de trabajo y culminó con la desterritorialización (familias empobrecidas que deben abandonar, por razones económicas, espacios territoriales con ciertos servicios públicos y condiciones relativas de habitabilidad) de numerosas franjas sociales. La necesidad política de contener esta regresividad social, más los recursos fiscales a implementar en esas políticas, se fundamentaron, dado el estado actual en la concepción y conciencia de los derechos sociales de ciudadanía, en el entendimiento que no consistía en una asistencia social monetaria a la pobreza creciente sino en un contrato por el cual a la asistencia monetaria correspondía una contraprestación que mitigaría con el tiempo la necesidad de continuar con esas transferencias. Cuestión que no solo no resultó de esa manera, sino que se incrementó en el tiempo a la vez que se estructuró social y políticamente y dio origen a nuevos actores sociales y formatos de acción colectiva. Su denominador común es la salida de la economía formal, la precariedad y el achicamiento al acceso real a políticas públicas de ciudadanía.
El incremento exponencial y la diversidad creciente de programas sociales develan el crecimiento continuo de la regresividad social, el desacople entre esa situación y la perfomance económica (la idea que el crecimiento del PBI es la receta única a la resolución de la cuestión social, idea perimida en razón del crecimiento del sector informal de la economía), y la politización de la situación en tanto su desarrollo y permanencia en el tiempo se da en el espejo del devenir de la Argentina en los últimos 20 años, a la vez que transformó, como ya señalé, la cuestión social en actores, demandas y conflicto político. Quizás entender que la cantidad y diversidad de programas sociales constituyó también, indirectamente, el factor que articuló a los desplazados de la economía formal. Les dio voz social e identidad sociopolítica. Constituyó sociedad para quienes la sociedad formal y establecida se había desdibujado.
Tarjetas alimentarias (cantidad de beneficiarios)
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Asignación Universal por Hijo (cantidad de beneficiarios)
Principales planes de cooperativas: Potenciar trabajo, Salario social complementario, Hacemos futuro, Argentina trabaja, Ellas hacen y Programa de empleo comunitario (cantidad de beneficiarios)
Fuente: CIAS-Elaboración propia sobre la base de la información provista en el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y pedidos de información pública a diversos ministerios
Beneficios mensuales de los principales planes de cooperativas (Potenciar trabajo, Salario social complementario, Hacemos futuro, Argentina trabaja/Ellas hacen (a pesos constantes octubre de 2009)
Pensiones no contributivas por vejez, por invalidez, madre de siete o más hijos, moratorias previsionales y PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor- Cantidad de beneficiarios)
Fuente: Boletín estadístico de la seguridad social y estadísticas de la seguridad social
La extensa cobertura poblacional de programas sociales de transferencias directas y su sostenimiento en el tiempo, además de dar cuenta de la profundidad estructural de la crisis social, significan también el “cemento”, la base material de articulación de las personas, familias y sectores sociales desplazados de la economía formal. Son básicamente transferencias necesarias y urgentes en tanto mantener mínimas condiciones de vida de los beneficiarios, pero, con el tiempo, se transformaron también en la materialidad de un nuevo sistema de relacionamiento social y político. Los beneficiarios adquirieron, y adquieren, identidad social en base a su registro en los programas de transferencias de ingresos y, en paso posterior y de más agregación social y política, en trabajadores de la economía popular.
La constitución de nuevas identidades sociales, los cambios en los formatos de la acción colectiva, la formulación y agregación de demandas sociales, las expresiones del conflicto social en el país se redefinieron a partir del desarrollo y evolución de este nuevo actor social. Un actor emergente, que representa una nueva cuestión social -informalidad, exclusión y marginación institucional- y que, por ende, se autonomiza relativamente de la política institucional y las afinidades partidarias en la expresión de la protesta social. Una protesta que, por lo tanto, se torna más independiente de los carriles formales e institucionales de la política, genera incertidumbre respecto a las respuestas posibles y, más allá de esas respuestas, se sostiene en el tiempo volviendo una y otra vez a “la política de las calles”.
La política de la cuestión social en Argentina o la «Política de las calles»
En las sociedades latinoamericanas de posguerra, en general, los procesos de industrialización protegida y orientados al mercado interno, produjeron una modificación en las estructuras sociales análogas a las sociedades de clases, institucionalizando esa nueva matriz societal en el sindicalismo. Por ende, durante décadas, la agregación de demandas sociales, la organización de la protesta social y el centro político de identificación social de las clases subordinadas fueron los sindicatos. Claro, el sindicalismo representó a una clase trabajadora inscripta e institucionalizada en un sistema de derechos amplios contemplados y permanentemente negociados en los convenios colectivos de trabajo. El sindicalismo fue la forma política de los mercados de trabajo formales.
La realidad contemporánea -mundo, América Latina, Argentina- muestra claramente una heterogeneidad y fragmentación de los mercados de trabajo y, por ende, de las mayoritarias franjas sociales compuestas por quienes viven, o necesitan vivir, de su fuerza de trabajo como única posibilidad de reproducción social. Los procesos de desigualdad social contemporáneos en el marco de la economía globalizada y liberalizada, se dinamizan no solo en la clásica relación capital-trabajo sino también al interior del trabajo, es decir al interior del colectivo laboral.
Empleo, desempleo, precariedad, informalidad, cuentapropismo de subsistencia, desempleo desalentado, empleo temporal, “changa”, “rebusque”, son algunas de las dimensiones con que se presentan los mercados de trabajo contemporáneos. Con el agravamiento que significa que los porcentajes de poblaciones económicamente activas por fuera del empleo formal cubren a más del 50% de los trabajadores en el mejor de los casos nacionales, llegando a entre el 70% y 80% de los trabajadores en otros países.
El punto en esta nueva realidad es ¿cuál es el formato organizacional y las modalidades de acción colectiva a partir de esta nueva situación (cuestión) social?
En la Argentina se han organizado y consolidado una serie de movimientos sociales que agrupan a los excluidos del mercado de trabajo formal y, dada esa condición, sumergidos familiarmente en situaciones de precariedad, pobreza y un marginación, subjetivo más que formal, del sistema político institucional. Un conjunto de movimientos sociales que tienen como denominador común desarrollar otro formato de acción colectiva como representación de la protesta: la política de las calles.
La clásica protesta sindical se realizaba, se realiza, a partir de la emergencia de una demanda-problema puntual que implica la movilización organizada de sus afiliados ante la institución de referencia (la agencia estatal a la cual se demandan las políticas públicas necesarias) del problema, al cabo de la cual la manifestación se desconcentraba. La institución de referencia, pública o privada, “quedaba avisada”. Era instada a dar una respuesta.
La movilización de la exclusión económica-laboral se caracteriza por ser portadora de demandas estructurales, con interpelación a los gobiernos y a la opinión pública, no la hacen frente a instituciones de referencia sino en el espacio público, es indeterminada en tiempo y espacio, y busca de respuestas dirigidas al conjunto político sin “fecha” de contestación clara. Se demanda no por un problema puntual sino por un cambio en la agenda gubernamental que significa, en su generalidad, políticas de reformas estructurales en la economía, el empleo y la distribución de la riqueza. El sostenimiento de la demanda y la protesta implica la condición de permanencia en el espacio público, en las calles. El objetivo no es tanto la respuesta deseada como la continuidad de la visibilidad de la condición social expresada en la misma movilización. La política de las calles es la única política posible para los que quedaron, y quedan, afuera de la economía formal, primero, de la representación institucional, luego.
Las demandas de los colectivos sociales que dan identidad a estas problemáticas son variadas en contenidos y cambiantes en el tiempo. Pueden ir de demanda de empleo, mejoras de los programas de transferencias, adendas (aguinaldo) a los mismos, ampliación de las convocatorias, empadronamientos, formas de representación, etc. Pero, de manera difusa y como situación/demanda ideal el denominador común de los reclamos es la reinserción en el mercado de trabajo, sobre todo el formal. No es la demanda absoluta y convocante dado que de alguna manera se entiende que las condiciones de posibilidad para satisfacer son dificultosas y, en el mejor de los casos, si entra en la agenda de gobierno (de cualquier color político) exigiría un período de tiempo extenso. Y no hay colectivo social ni acción colectiva fuerte y convocante si no hay resolución relativa y/o parcial de las causas de esa movilización y protesta. Este es el círculo no virtuoso de los movimientos sociales de la exclusión.
La reinserción de los excluidos en el mercado de trabajo formal y, por ende, en el sistema institucional de derechos, óptimo paretiano de la situación, es prácticamente una illusio[3] convocante pero casi no realista dentro de los marcos estructurales y normativos que componen la economía global, como tal central , periférica o fuera del sistema y proveedora de migraciones de desesperados[4]. Razón absoluta de que tal futuro posible solo sea una luz al final del túnel, por lo tanto un vector político, pero no el que enmarque la acción colectiva. Esto, sin tomar en cuenta el cambio en el clima social ciudadano que va de la comprensión de la protesta hasta el cansancio y, de ahí, discriminación despectiva de la misma ante su reiteración en el espacio público. Lo que lleva de la consideración de la pobreza hasta su reinterpretación como “planeros”. Por una razón u otra, la conducción, organización y escenificación de esta modalidad de expresión social exige una cuidadosa ingeniería política de parte de los liderazgos de estos movimientos.
Esta situación explica el hecho que mucho de estos liderazgos hayan ocupado también cargos institucionales en las áreas estatales de referencia. Así constituyen una voz efectiva dentro de las políticas públicas a la vez que, para los gobiernos, garantizan un relativo y consensuado control de esta política de las calles. Estrategia política, por otro lado, que muestra por sí misma la gravedad de la situación. Como efecto disruptivo de esta situación debe observarse la diferenciación entre las organizaciones sociales con liderazgos de representación estatal respecto a aquellas, generalmente alineados a estructuras políticas de izquierda, que no la tienen. Esto implica divisiones al interior de una representación situacional que alcanzó el nivel de impacto político que tiene, precisamente por la unificación de la cuestión social representada. Si bien al momento se trata solo de diferencias político-ideológicas respecto a la misma situación representada, es posible un escenario de ruptura de las representaciones y, con ella y constituyendo el peor escenario, de división al interior de la demanda representada.
Pero, más importante que las distintas agrupaciones que incluyen a los excluidos ni sus referencias políticas e ideológicas o el intento de unificación bajo la denominación de “Trabajadores de la Economía Popular”, es observar a un nuevo actor en la escena política, en realidad no tan nuevo, que expresa una nueva constitución de la sociedad producto de un cambio estructural en la economía, primero, en las subjetividades, la cultura y la política, después.
El “cemento” que articula a centenares de miles de personas inmersas en esta nueva cuestión (negativa) social son los programas sociales de transferencias directas. La organización social de la exclusión en sus distintas agrupaciones es la visibilidad política de esa articulación. Ambos elementos constituyen el sostén y la permanencia con que la identidad social Exclusión se manifiesta en las calles buscando reinserción amplia y reconstitución de los sentidos de pertenencia a una comunidad de iguales.
*Diego Raus es Doctor en Ciencias Sociales, Director de la Lic. en Ciencia Política y Gobierno y docente investigador UNLa.
[1] Actualmente el concepto que refiere a la pobreza es el de “Multidimensionalidad de la Pobreza”, es decir una situación social que nace en la economía pero que se va constituyendo en otras carencias. Es necesario entender que esta reconceptualización es el reflejo de una situación real que se agudiza con el tiempo a la vez que se estructura en la sociedad.
[2] Señalaba luminosamente Hannah Arendt que la ciudadanía es el derecho a tener derechos. Es decir, los derechos no solo como formalidades sino como conciencia histórica en los sujetos de ser portadores incondicionales de los mismos. ARENDT, H. (1993): La Condición Humana, Paidós, Barcelona.
[3] En el sentido Bourdesiano respecto a lo que compone objetiva y subjetivamente un campo social.
[4] Por eso es necesario distinguir esta modalidad de exclusión y marginación, de la definición de marginal de los análisis estructuralistas de las décadas de los `60 y `70, por las cuales se definía la marginalidad en un sentido análogo a la idea de “ejército industrial de reserva” de Marx. Esta forma de marginación no es temporaria, no funcional a la tendencia a la caída de los salarios, sino implica la desposesión económica, social, institucional y política de la población afectada. Una marginalidad objetiva y subjetiva. Quiebra el sentido de pertenencia y por lo tanto el soporte ideológico de la idea de comunidad. Y quien no se siente perteneciente puede reaccionar contra la comunidad que lo excluye.
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Acceso a la Justicia y condiciones de Desigualdad Social
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